El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió sus observaciones finales a México en febrero de 2015 y estableció tres recomendaciones prioritarias sobre las que el Estado debía informar en un plazo de un año, que abordan la necesidad de que el Estado establezca un Registro Único de Personas Desaparecidas, un Mecanismo Transnacional de Búsqueda y Acceso a la Justicia y medidas para fortalecer la búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la restitución digna de los restos. México presentó su respuesta oficial sobre el cumplimiento sobre dichas recomendaciones en febrero de 2016. Frente a esto, organizaciones que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas presentaron un informe sombra o alternativo al Comité. En dicho informe, las organizaciones manifiestan su preocupación por el hecho de que las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en una situación de impunidad. Asimismo, enfatizan algunos de los factores que explican el grave retraso en el cumplimiento, a la vez que expresan confianza en que el escrutinio internacional es una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la grave situación de desapariciones.
Entre los grupos que participaron en la elaboración del informe se encuentran: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y Fundar.