Graciela Freyermuth, David Melendez, e Hilda Argüello escriben sobre cómo el movimiento de las mujeres y la sociedad civil organizada han promovido una agenda de salud pública basada en los derechos de las mujeres.
Los movimientos de las mujeres y de la sociedad civil organizada han sido actores importantes en la definición de las políticas públicas en México desde fines del siglo XX.
Las demandas giraban en torno a la legalización del aborto, los servicios de salud adecuados durante la interrupción del embarazo, la promoción de mayor acceso por parte de las mujeres a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos y el mejoramiento de la calidad de los servicios de atención a fin de disminuir la morbilidad y la mortalidad maternas. La definición de políticas de salud dirigidos a las mujeres, no podían estar al margen de la participación de las mujeres.
La Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en al año 2000, puso de manifiesto el consenso entre los gobiernos en la necesidad de mejorar el acceso a la salud materna como un asunto prioritario. El marco de los derechos humanos se encontraba en el centro de esta Cumbre. El reto ha sido descubrir cómo se puede lograr que el derecho funcione, cómo puede ponerse en práctica. Aunque los derechos humanos nos proveen de un enfoque poderoso de intervención, sin la posibilidad de su instrumentación se convierten en letra muerta.
Consideramos que la dificultad de su puesta en práctica ha sido porque en décadas pasadas no existían mecanismos de intervención: las instituciones, las prácticas, el personal capacitado, la rendición de cuentas y la voluntad política de parte del estado. Se contaba con el enfoque, con los acuerdos internacionales, con los marcos legales, pero no con los mecanismos que permitían a la ciudadanía asegurar los derechos consagrados en la constitución o en los acuerdos internacionales.
A partir del siglo XXI, contamos con mecanismos institucionales que hacen posible la contraloría social. En el año 2010 pusimos en marcha el Observatorio de Mortalidad Materna en México cuya función ha sido dar seguimiento a las políticas públicas y los indicadores que permitan reconocer el avance en las condiciones de la salud materna.
A través del Observatorio de Mortalidad Materna también se han realizado acciones de contraloría ciudadana y se ha identificado los aspectos concretos que deben mejorarse, desde conocimientos del personal de salud, a insumos y medicamentos indispensables, así como, proponer metodologías sencillas y replicables para la participación social. Sus resultados aplicados a la incidencia política para la mejora del diseño, implementación y evaluación de las políticas han tenido éxitos concretos en México como: el cambio de paradigma de la visión de riesgo en la atención materna a la atención de la emergencia obstétrica, la gratuidad de los servicios para la atención obstétrica, y la publicación de indicadores sobre mortalidad materna que permiten vigilar su comportamiento actual e histórico tanto a nivel nacional como estatal.
Hoy estamos en un escenario de incertidumbre por el rediseño de las instituciones públicas, algunas de las instancias autónomas que han permitido la rendición de cuentas y la transparencia están en riesgo: es el caso de la intención de desaparecer al INAI (Instituto Nacional de Accesos a la Información). La toma de la CNDH por víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil es un acto desesperado ante la ineficacia el debilitamiento de este tipo de Instituciones del Estado.
Estamos ante un momento decisivo donde hay que fortalecer al movimiento y trabajar de manera más colaborativa que antes para enfrentar los retrocesos y acelarar el progreso hacía la salud materna como un derecho humano y hacía una maternidad elegida, segura, y feliz.