El informe Migrantes en prisión realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización donataria de la Fundación MacArthur, y la Universidad Iberoamericana reveló que más de 1,200 personas de origen centroamericano se encuentran en prisión, la mayoría acusados de delitos que van desde delitos sexuales y posesión de narcóticos, hasta pertenencia a la delincuencia organizada y homicidio. La evidencia recogida a través de mecanismos de transparencia entre mayo y octubre de 2013, sugiere que a un número indefinido de centroamericanos les podrían estar fabricando o imputando delitos que en realidad no cometieron. El 54% de las personas están recluidas en centros de readaptación social de Chiapas. En su mayoría se trata de hombres (la proporción de mujeres es menor al 10%) de origen guatemalteco y hondureño. La investigación surgió a partir del caso del hondureño Amílcar Colón Quevedo, víctima de un traficante de personas, que fue detenido en 2009 y criminalizado al asociarlo con otras 10 personas en la comisión del delito de delincuencia organizada. Los 1,200 no reflejan el número real de personas en esa situación, pues las Secretarías Generales de los Gobiernos estatales o de Seguridad Pública de Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco, y Veracruz no proporcionaron información alguna.