La reforma constitucional de 2014 estableció la creación de una Fiscalía General de la Nación independiente del Presidente y de cualquier influencia política para que el sistema de justicia de México sea más confiable. Un informe de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) examina la ley aprobada por el Congreso mexicano en febrero de 2019 y que rige la implementación de la Fiscalía General de la Nación, examina los problemas que la ley no resuelve y las oportunidades que crea para la transición de la Procuraduría General a la nueva Fiscalía General de la Nación. Entre otros aspectos, resalta que es necesaria una mayor separación entre la Fiscalía y el poder Ejecutivo, y que la dependencia debería estar sujeta a una supervisión pública más fuerte.