La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano a cumplir cuatro sentencias emitidas entre 2009 y 2010, relacionadas con abusos cometidos por miembros del Ejército, entre ellos desaparición forzada, tortura y violación sexual. Luego de cinco y cuatro años de emitidas las sentencias por los casos de desaparición forzada de Rosendo Radilla y los abusos sexuales a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como las torturas a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, respectivamente, la Corte hizo evaluaciones por sobre el cumplimiento de las sentencias. La Corte subrayó además que la reforma al fuero militar aprobada en 2014 por el Congreso mexicano es insuficiente y permite la “fragmentación de casos”, como ocurrió con la masacre de Tlatlaya. Las organizaciones que han litigado los casos en cuestión -los centros de derechos humanos Agustín Pro, Tlachinollan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)– solicitaron que se reabra el debate sobre el Código de Justicia Militar en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.