En noviembre de 2014, apenas habían pasado dos meses de que el país había sido sacudido por un hecho que se convertiría en el símbolo de la crisis de derechos humanos: la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Ayotzinapa en Guerrero. Incrédulas, enojadas, y decididas a actuar, organizaciones de la sociedad civil discutían la patente negligencia del gobierno y la incapacidad de las instancias oficiales de armar una investigación seria para determinar qué pasó y qué papel jugaron el crimen organizado, las autoridades estatales, la policía y el ejército.
La reunión ese mes de noviembre de diversos grupos de defensa de derechos humanos marcó un punto decisivo en el trabajo en justicia y derechos humanos de la Fundación MacArthur. Fue a partir de entonces que nuestro apoyo a la sociedad civil comenzó a enfocarse en la fase de investigación del proceso penal. En la fase de investigación es precisamente cuando se agudiza la vulnerabilidad de las víctimas y las personas acusadas a ser sujetas a detenciones arbitrarias, tortura, confesiones extraídas de manera ilegal, y desaparición. Las investigaciones deficientes y simuladas han convertido la justicia en un sueño lejano. El mejorar las investigaciones en los procesos de justicia penal representaría un avance gradual que podría indicar si el sistema logra mejorar su capacidad para resolver y prevenir violaciones a derechos humanos.
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Tiempo después, en 2016, un número importante de organizaciones comenzaron a unir esfuerzos para incidir en el cambio de la Procuraduría General de la República a una nueva Fiscalía General. Las organizaciones partieron de la premisa de que la autonomía, junto con un buen diseño institucional, un servicio civil de carrera, y una estrategia de persecución criminal, llevaría a crear una Fiscalía capaz de realizar investigaciones efectivas y de esta manera combatir la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Esta lógica fue bien recibida por la ciudadanía, cansada de la impunidad rampante y de la elevada inseguridad que han dado como resultado más de 37,000 personas desaparecidas y un aumento en el número de homicidios sin precedente en el país.
A pesar de que el resultado del proceso de selección de fiscal fue insatisfactorio -la nueva Fiscalía no será ni independiente ni autónoma-, es indiscutible que las organizaciones elevaron las expectativas de la ciudadanía hacia la Fiscalía, dieron un ejemplo del poder de la acción colectiva, propiciaron que en varios estados se desaten procesos similares de escrutinio y propuesta conjunta de política pública, y demostraron que la sociedad civil en México se niega a ser complaciente o cooptada. Ahora, en la etapa de la implementación de la ley, lo que sigue es mantenerse involucrados en el periodo de transición, el nombramiento de fiscales especiales, la definición del plan de persecución penal, entre muchas otras tareas.
La participación de la sociedad civil es necesaria para que México logre dar solución a la crisis compleja de derechos humanos. El nuevo gobierno, por un lado, ha dado motivos para ser optimistas y, por otro, ha tomado acciones preocupantes. Al mismo tiempo, mecanismos de la ONU y del sistema interamericano han dado a conocer resoluciones en casos emblemáticos (Atenco, Alvarado, Lydia Cacho) que confirman los argumentos y la evidencia recabada por las organizaciones, muestran la responsabilidad del Estado mexicano, y dan la razón a las víctimas. La colaboración entre sociedad civil y gobierno en estados del norte del país ha hecho posible la identificación de restos, dando a algunas familias de personas desaparecidas oportunidad de poner fin a la incertidumbre. Estos ejemplos, junto con la participación amplia que lograron los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, demuestran que el trabajo y perseverancia de quienes creen que el Estado debe cumplir su obligación de proteger los derechos humanos son decisivos para conseguir cambios.
En los próximos dos años en que nuestro programa de derechos humanos culmina, el trabajo de las organizaciones y sus aliadas continuará siendo tan importante como siempre para conducir al país en la lucha contra la impunidad y en la construcción de un estado de derecho, de igualdad, y de justicia. El período de cierre de nuestro programa se enfocará en apoyar los esfuerzos de nuestros donatarios para hacer accesible la justicia para víctimas de violaciones a derechos humanos y en impulsar el fortalecimiento institucional de las organizaciones. Al mismo tiempo, estamos diseñando acciones para diversificar y fortalecer a la sociedad civil en los estados del país a través de un fondo especial que operará de manera independiente a la Fundación y continuará después del cierre de nuestra oficina.
Nos sentimos honradas por haber apoyado y acompañado el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en México a lo largo de los años. Los donativos de cierre procurarán, como siempre, promover los valores que compartimos con las organizaciones, y contribuir a la audacia y efectividad que las ha caracterizado como defensoras de los derechos fundamentales de todos y todas.